El conjunto de trabajos que integran este número especial de la revista Nthe ofrece una mirada amplia y articulada sobre los desafíos contemporáneos del Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y la transformación institucional en México. A través de enfoques teóricos, análisis normativos y estudios aplicados, los diecinueve artículos, coordinados por el Dr. Fernando Vázquez Avedillo, convergen en una preocupación común: la necesidad de fortalecer la investigación jurídica como herramienta indispensable para comprender la complejidad del orden constitucional y para orientar la toma de decisiones públicas con sustento académico, crítico y multidisciplinario. En el ámbito del derecho penal y la justicia constitucional, los estudios sobre la prisión preventiva oficiosa, las políticas públicas y la procuración de justicia penal, así como el papel de la Guardia Nacional en el sistema penal acusatorio, evidencian tensiones estructurales entre seguridad, legalidad y respeto a los derechos humanos. Estas contribuciones subrayan que el debate jurídico no puede limitarse a la interpretación normativa, sino que debe incorporar análisis empíricos, evaluaciones de impacto y revisiones críticas de la práctica institucional. La investigación jurídica se convierte así en un instrumento para cuestionar la eficacia de las medidas restrictivas de la libertad, examinar la proporcionalidad de las políticas criminales y proponer alternativas acordes con los estándares constitucionales e internacionales. De manera complementaria, los artículos relativos al Estado de derecho y los derechos humanos, incluidos los retos del Estado de derecho en México, los derechos humanos como precursores del propio Estado de derecho y la interrogante sobre si estos se ven afectados por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, aportan una reflexión profunda sobre la evolución del constitucionalismo contemporáneo. La interacción entre tecnología, legalidad y garantías fundamentales exige una renovación conceptual que sólo puede lograrse mediante investigación jurídica rigurosa. Estos trabajos muestran que el derecho no es estático, sino una construcción dinámica que debe adaptarse a nuevas realidades sociales sin perder su función protectora. El número también aborda el derecho administrativo y su relación con la legalidad y la seguridad jurídica. La reserva de ley en el derecho administrativo sancionador, el silencio administrativo en el derecho de acceso a la información y los derechos humanos en la facultad económico coactiva evidencian la necesidad de delimitar con precisión las potestades del Estado. Estas investigaciones ponen de relieve que la actuación administrativa debe estar guiada por principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. La investigación jurídica, en este contexto, permite sistematizar criterios, identificar vacíos normativos y promover una administración pública más garantista y eficiente. Otro eje relevante es el relativo a la identidad, la dignidad humana y las transformaciones sociales. El análisis del derecho a la identidad y su relación con la cosa juzgada, así como el estudio de la voluntad anticipada en México desde la perspectiva de los derechos humanos, muestran cómo el derecho se vincula con aspectos esenciales de la persona. Estas temáticas requieren una aproximación interdisciplinaria que incorpore elementos éticos, sociales y culturales. La investigación jurídica permite articular estas dimensiones y proponer soluciones que respeten la autonomía personal y la seguridad jurídica. La educación y la formación jurídica constituyen un bloque significativo dentro de este conjunto. La enseñanza del derecho constitucional desde las políticas educativas en México, la educación superior y el modelo educativo universitario, así como el derecho a la educación y la inteligencia artificial en la Universidad de Guadalajara, invitan a repensar los procesos formativos en un contexto de innovación tecnológica y cambios pedagógicos. Estas contribuciones coinciden en que la investigación jurídica no sólo produce conocimiento, sino que también transforma la docencia, fortalece la formación crítica del estudiantado y promueve una cultura jurídica basada en el análisis y la argumentación. Desde la perspectiva social, los trabajos sobre violencia semiótica y simbólica como expresión de violencia de género, condición juvenil y empoderamiento desde la ONU a lo local, y la seguridad humana como eje para la implementación local de la Agenda 2030 —con el caso del municipio de Querétaro— evidencian la dimensión del derecho como instrumento de transformación social. Estos estudios amplían el campo de la investigación jurídica hacia problemáticas contemporáneas que requieren respuestas normativas innovadoras y políticas públicas integrales. La investigación jurídica, en este sentido, contribuye a visibilizar desigualdades, generar diagnósticos y proponer marcos regulatorios orientados al desarrollo sostenible y la inclusión. Finalmente, la política jurídica y sus aportaciones teóricas para la actualización conceptual, junto con el estudio de la gestión hídrica en Querétaro, demuestran la importancia de la investigación jurídica para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. La construcción de marcos conceptuales sólidos permite orientar decisiones estratégicas en áreas como el medio ambiente, la administración de recursos y la gobernanza local. La investigación jurídica se presenta aquí como un puente entre teoría y práctica, entre academia e instituciones. En conjunto, los artículos reunidos en esta edición confirman que la investigación jurídica es un pilar esencial para el fortalecimiento del Estado de derecho. Su importancia radica no sólo en la producción de conocimiento especializado, sino en su capacidad para incidir en la realidad social, mejorar la calidad normativa y promover una cultura de respeto a los derechos humanos. Frente a los desafíos actuales —tecnológicos, sociales, institucionales y ambientales—, la investigación jurídica se erige como una herramienta indispensable para analizar críticamente el orden jurídico, proponer reformas y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, democrática y respetuosa de la dignidad humana.